3/18/2013
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La población de EEUU tiene otra razón para acusar a los servicios secretos de que tiene sometida a la sociedad bajo una vigilancia total.

Los medios de comunicación publicaron un proyecto de ley gubernamental que autoriza el acceso de los servicios secretos a los datos de operaciones bancarias en EEUU. La Administración Obama explica que la medida contribuiría a combatir el terrorismo, pero los activistas de derechos humanos la califican como una forma de espionaje contra su propio pueblo.

 La fuga informativa que provocó el escándalo tuvo lugar en la Secretaría del Tesoro de EEUU. Los periodistas consiguieron un borrador del proyecto gubernamental para autorizar el acceso de todos los servicios secretos a la información de las cuentas y operaciones bancarias de las organizaciones financieras de EEUU. Los funcionarios de la Administración de EEUU argumentan que la medida permitiría controlar de manera más eficaz las actividades de los terroristas y delincuentes juntando diferentes bancos de datos.

De acuerdo a la legislación vigente, todos los bancos y otras veinticinco mil compañías estadounidenses, como casinos, sistemas de pago, puestos para giros de dinero, etc., deben informar a FinCEN (Organización de Lucha contra los Delitos Fonancieros) de todas las operaciones sospechosas. Se trata, concretamente, de transferencias mayores de diez mil dólares y flujos sospechosos en las cuentas. FinCEN recibe unos quince millones de informes anuales de ese tipo. Por ahora, solo la FBI tiene acceso libre a estos datos. El resto de los servicios secretos, incluidos los pesos pesados de la FBI y la NSA, tienen que solicitar el acceso en cada caso concreto.

La iniciativa de la Casa Blanca desató fuertes protestas por parte de los defensores de los derechos humanos que señalan que los servicios secretos ya tienen acceso a un enorme volumen de datos personales de la población. Además, siguen sin aclarar las metodologías para usarlos y los criterios para imponer vigilancia a tal o cual persona. Sharon Bradford Franklin , asesora principal de la organización de derechos humanos “Proyecto Constitucional”, advierte que millones de estadounidenses pueden convertirse en potenciales sospechosos de ayudar a los terroristas. Y sin razón alguna.

Por otro lado, no se trata sino de una idea comentada en el seno de la Administración de EEUU. No sabemos cuándo se llegará a la aprobación de leyes concretas. Pero los servicios secretos son tan influyentes que bien pueden hacer pasar el documento por la Administración de EEUU y el Congreso.


Roman Mamónov
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